HO. Una rescatadora provida de Badajoz, Margarita Cabrer, acaba de conocer una segunda condena por faltas, dictada por un juzgado de la ciudad.
Fue denunciada por el centro abortista Guadiana-Los Arcos por ir todos los lunes y los martes y hablar en la calle con las mujeres que van a abortar.
Margarita es ama de casa, está casada y tiene tres hijos.
Cada lunes y martes acude a la calle donde está el abortorioGuadiana-Los Arcos e intenta «rescatar» vidas, como se llama en el argot de las ONGs provida a lo que hacen decenas de voluntarios en toda España: informar a las mujeres que van a abortar sobre la realidad del aborto y ofrecerles alternativas.
Margarita ha sido condenada a multas de 40 y 60 euros por faltas.
Si no paga la última que le ha impuesto un juzgado de Badajoz, tendrá que cumplir diez días de cárcel.
El derecho de manifestación y el derecho a expresar libremente las propias opiniones y puntos de vista están plenamente reconocidos por nuestra constitución.
Informar sobre la realidad del aborto a quien voluntariamente quiere escuchar, y hacerlo en plena calle, como hace Margarita Cabrer cada semana, no puede ser considerado delito ni falta.
Conseguir condenas contra los rescatadores es una estrategia en la que el lobby de los centros abortistas se está empleando a fondo.
Persiguen la criminalización de un movimiento de decenas de voluntarios que salvan vidas y ayudan a las mujeres a tener a sus hijos.
Los empresarios del aborto saben perfectamente que cuantos más rescates prosperen a las puertas de sus siniestros centros, menos negocio tendrán.
Por eso, estas dos sentencias contra Margarita Cabrer son tan importantes para el lobby del aborto. Porque las usarán para disuadir a otros voluntarios provida de seguir haciendo rescates delante de los centros abortistas de toda España.
La Fiscalía debe intervenir de oficio para defender la libertad de manifiestación y de expresión de Margarita Cabrer y de todos los voluntarios rescatadores.
Está en manos del fiscal superior de Extremadura, don Aurelio Peñalver, apelar contra estas dos sentencias injustas ante la Audiencia Provincial.