Original: Traducción libre para catolicasmexico.com
WASHINGTON (Elizabeth Slattery) – A finales de junio, la Suprema Corte deliberará sobre uno de los casos más importantes relativos a la legislación del aborto de los últimos años. Hoy, los magistrados anunciaron que decidirán si mantendrán las partes de una ley de Texas que exigen que las clínicas de aborto cumplan con las normas básicas de seguridad y salud y sobre privilegios de admisión de los médicos del aborto en los hospitales locales.
H.B. 2 es el nombre de la ley de Texas que requiere, entre otras cosas, que las clínicas de aborto cumplan las mismas normas de limpieza y seguridad que otros servicios quirúrgicos y que los médicos que trabajan en las clínicas tengan privilegios de admisión en los hospitales cercanos. Estas disposiciones ayudarán a asegurar que las mujeres no estén expuestas a condiciones subestándares o prácticas que podrían poner en peligro su salud o sus vidas.
Malas condiciones
Estas reformas son de sentido común y contienen regulaciones muy necesarias. Las condiciones peligrosas, insalubres de la «casa de horrores» del abortista Kermit Gosnell en Filadelfia fueron como un choque eléctrico a la nación cuando salieron a la luz durante el caso de homicidio en 2013. Sin embargo, la clínica de Gosnell, aunque es una de las más terribles, no es única en la industria del aborto.
Docenas de otras clínicas del aborto en todo el país han sido investigadas, denunciadas y han recibido acusaciones penales. Muchos continúan su trabajo homicida con poca o ninguna supervisión o inspección.
Aun cundo la industria del aborto afirma abogar por las mujeres, a menudo lucha contra las legislaciones razonables para garantizar la seguridad y salud de sus pacientes.
En Texas, la clínicas de aborto han desafiado partes de la H.B 2, alegando que la ley es una carga inconstitucional sobre el acceso de las mujeres al aborto porque resultará en el cierre, al menos temporalmente, de una serie de clínicas de aborto que no cumplan con las nuevas normas de seguridad.
Aun cuando la Suprema Corte inventó el derecho constitucional al aborto en el caso Roe v. Wade de 1973, los jueces fueron claros en que la decisión no excluiría que los Estados estableciesen requisitos razonables para los médicos y las clínicas de aborto:
El estado tiene un interés legítimo en ver que el aborto, como cualquier otro procedimiento médico, se realice bajo circunstancias que aseguran la máxima seguridad para el paciente. Esto obviamente abarca, como mínimo, las capacitación médica y la del personal, las instalaciones involucradas, la disponibilidad de asistencia y las provisiones adecuadas para cualquier complicación o emergencia que pudiera surgir.
Normas jurídicas
Cuando la Suprema Corte fabricó el derecho al aborto en 1973, arrebató el tema de las manos de los estadounidenses, evitando que los ciudadanos y las legislaturas razonables pudiesen medir el impacto del aborto en la vida de las mujeres y de los niños por nacer. El resultado es que política de aborto de Estados Unidos se ha convertido en una de las más radicales entre las naciones desarrolladas al promover abortos selectivos, tardíos y una industria lucrativa, sin embargo, un gran número, aún desconocido, de abortos pone en peligro la vida y la salud de las mujeres diariamente.
Garantizar la seguridad y la salud de las mujeres
Durante más de 40 años, la industria del aborto ha evadido y combatido normas de sentido común. La Suprema Corte tiene ahora la oportunidad de mostrar que los Estados tienen un interés legítimo y convincente para garantizar la seguridad y la salud de las mujeres que ingresan a clínicas de aborto.
Aunque este caso no presente directamente la oportunidad de anular la decisión de Roe v. Wade, Arkansas presentó recientemente una petición pidiendo que la Corte anule una parte clave de la jurisprudencia creada por Roe y que fue refinada más tarde en el caso Casey.
Mientras tanto, la Suprema Corte escuchará los argumentos en el caso de Texas esta primavera y deberá publicar su decisión a finales de junio. Los jueces harían bien en implantar una ley razonable en Texas y reconsiderar la sombra larga y mortal que sus decisiones sobre el aborto han puesto sobre el derecho, la medicina y la sociedad.